Por Daniel Gurara, Stefania Fabrizio y Johannes Wiegand
Aunque la crisis de la COVID-19 está sacudiendo el mundo entero, los países en desarrollo de bajo ingreso (PDBI) tienen especial dificultad para hacerle frente. Han sufrido el duro golpe de los shocks externos y, al mismo tiempo, están experimentando graves contracciones internas a raíz de la propagación del virus y las medidas de confinamiento desplegadas para contenerlo. Al mismo tiempo, las limitaciones de recursos y la debilitad de las instituciones restringen la capacidad de los gobiernos de muchos PDBI para apuntalar la economía.
Es probable que este año el crecimiento de este grupo quede estancado, a diferencia del 5% registrado en 2019. Además, a menos que se haga un esfuerzo internacional sustentado por darles apoyo, lo probable es que se formen cicatrices permanentes que dañen sus perspectivas de desarrollo, exacerben la desigualdad y los expongan a perder una década de progreso en la lucha contra la pobreza.
El fuerte varapalo de múltiples shocks
Cuando estalló la crisis de la COVID-19, los PDBI ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad; por ejemplo, la mitad de ellos tenían elevados niveles de deuda pública. Desde marzo, se han visto golpeados por una confluencia excepcional de shocks externos: una drástica contracción de las exportaciones reales; la caída de los precios de las exportaciones, sobre todo el petróleo; menos capital y entradas de remesas; y disminución de los ingresos correspondientes al turismo.
Las remesas, por ejemplo, superaron 5% del PIB en 30 (de 59) PDBI en 2019. Entre abril y mayo, retrocedieron 18% en Bangladesh, y 39% en la República Kirguisa, en comparación con el año anterior. Las repercusiones probablemente sean amplias en los países donde son la principal fuente de ingreso para muchas familias pobres.
En cuanto al impacto interno, si bien la pandemia ha evolucionado con más lentitud en los PDBI que en otras partes del mundo, está infligiendo daños considerables en la actividad económica. Muchos PBDI se apresuraron a contener la propagación. A partir de mediados de marzo, cuando las infecciones declaradas aún eran escasas, aplicaron medidas de contención como controles a los viajes internacionales, cierre de escuelas, cancelación de eventos públicos y restricciones a los encuentros en persona.
La movilidad —que sirve de variable representativa de la actividad económica— también disminuyó drásticamente y continuó en caída a medida que se ampliaron las medidas con el cierre de oficinas, las cuarentenas obligatorias y las restricciones a los desplazamientos internos. Desde fines de abril y comienzos de mayo, se han ido levantando poco a poco las medidas de contención y la movilidad se ha recuperado, pero aún sin retomar los niveles previos a la crisis.
Resolver difíciles disyuntivas con escasos recursos
La mayoría de los PDBI no pueden sustentar medidas de contención estrictas durante mucho tiempo, ya que amplios segmentos de la población viven prácticamente en niveles de subsistencia. Los extensos sectores informales, la débil capacidad institucional y el hecho de que los registros de los pobres están incompletos dificultan la tarea de llegar a los necesitados. Además, los gobiernos tienen apenas limitados recursos fiscales para brindarles apoyo.
Encuestas recientes en 20 países africanos revelan que más de 70% de los participantes corren el riesgo de quedarse sin alimentos durante un confinamiento de más de dos semanas de duración.
Ante esas restricciones, la imposición inmediata —breve pero decisiva— de medidas de contención cumplió un objetivo crítico: aplanar la curva de infección y ganar simultáneamente tiempo para reforzar la capacidad del sector sanitario. Muchos PDBI han seguido esa trayectoria: aunque no dedicaron tanto apoyo fiscal a sus economías como las economías avanzadas o los mercados emergentes, la proporción de gasto adicional dedicado a la salud es mayor.
Como la contención generalizada es difícil de sustentar, los PDBI deberían adoptar medidas más focalizadas, como el distanciamiento social y el rastreo de contactos; Vietnam y Camboya son buenos ejemplos en ese sentido. Las políticas de respaldo deberían centrarse en los más vulnerables, incluidos los ancianos, y en limitar las secuelas a largo plazo de la crisis sanitaria.
Por ejemplo, es crítico proteger la educación para que la pandemia no cree una generación COVID que no reciba enseñanza y pierda oportunidades para siempre, como lo recalcó hace poco un grupo de personas eminentes en una carta a la comunidad internacional.
Si existe la infraestructura necesaria, la tecnología a veces puede aprovecharse de manera novedosa. Por ejemplo, para limitar la propagación del virus, Rwanda está explotando la infraestructura financiera digital a fin de desalentar el uso de efectivo. Togo emplea la base de datos de inscripción de votantes para canalizar asistencia hacia grupos vulnerables.
Una década de progreso en peligro
A pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos de PDBI, parece imposible evitar daños duraderos a falta de más apoyo internacional. La «cicatrización» a largo plazo —es decir, la pérdida permanente de capacidad productiva— es una posibilidad particularmente preocupante.
La cicatrización es el legado de otras pandemias: mortalidad; peores niveles de salud y educación que deprimen los ingresos futuros; agotamiento de ahorros y activos que obliga a las empresas —sobre todo las pequeñas, que no tienen acceso al crédito— a cerrar las puertas y causa trastornos irrevocables en la producción; y sobreendeudamiento que restringe el crédito al sector privado. Por ejemplo, tras la pandemia de Ébola de 2013, la economía de Sierra Leona nunca retomó la trayectoria de crecimiento previa a la crisis.
La cicatrización produciría fuertes reveses en términos del desarrollo de los PDBI, deshaciendo los avances logrados contra la pobreza en los últimos 7-10 años y exacerbando la desigualdad, por ejemplo en cuanto a la situación de la mujer. En consecuencia, será más difícil alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los PDBI no pueden salir adelante solos
El respaldo de la comunidad internacional es clave para permitirles a los PDBI afrontar la pandemia y recuperarse con fuerza. Entre las prioridades, cabe mencionar las siguientes: 1) garantizar suministros sanitarios esenciales, incluidas curas y vacunas cuando se las descubra; 2) proteger cadenas de suministro críticas, especialmente de alimentos y medicamentos; 3) evitar medidas proteccionistas; 4) asegurar que las economías en desarrollo puedan financiar gasto crítico mediante donaciones y financiamiento concesionario; 5) asegurar que los PDBI puedan atender sus necesidades de liquidez internacional, para lo cual las instituciones financieras internacionales deben contar con suficientes recursos; 6) reperfilar y reestructurar la deuda para restablecer la sostenibilidad cuando sea necesario, lo cual en muchos casos podría requerir alivio más allá de la iniciativa del G20 sobre la suspensión del servicio de la deuda; y 7) no perder de vista los ODG de las Naciones Unidas, entre otras cosas reevaluando las necesidades cuando ceda la crisis.
La pandemia de COVID-19 quedará vencida únicamente cuando haya desaparecido en el mundo entero junto con sus consecuencias socioeconómicas. La actuación urgente de la comunidad internacional puede salvar vidas y medios de vida en los PDBI. El Fondo Monetario Internacional está colaborando: entre otras cosas, ha proporcionado financiamiento de emergencia a 42 PDBI desde abril. Está preparado para brindar más respaldo y ayudar a elaborar programas económicos a más largo plazo para una recuperación sostenible.
Este blog está basado en una labor conjunta con Rahul Giri, Saad Quayyum y Xin Tang, y se ha beneficiado de la asistencia de Carine Meyimdjui.